El método de evaluación para que la Provincia pudiera cobrar el Impuesto Inmobiliario tenía un ‘vacío’ legal que generaba cierta desigualdad al momento de pagar las boletas. Tal es así que casi la mitad de las personas que poseen viviendas en countries estaban pagando montos similares a los dueños de un departamento de dos ambientes en el conurbano bonaerense.

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) comenzó a adecuar la situación de los barrios cerrados a la Ley N°15038. Hasta el momento la valuación de dichas tierras tenía tres distinciones: rural, urbana no country y urbana country; y ahora la nueva normativa incorpora la situación de ‘tierra urbana country en desarrollo’. Esto se debe a que muchos pagaban como baldío o rural cuando adquirían un campo para la construcción, ya que completar los trámites de inscripción del inmueble demoraban alrededor de cinco años.

Como consecuencia de esto, agentes de ARBA comenzaron a realizar una inspección ocular y con tan sólo corroborar que la vivienda está finalizada o habitable tendrán actualizaciones en sus boletas, las cuales significarán abonar hasta diez veces más.

Gastón Fossati, director de ARBA, explicó que “buscamos normalizar la situación de los barrios cerrados que tienen incompleto su trámite de inscripción. A partir de los datos que presenten los desarrolladores, y las verificaciones satelitales y presenciales que efectúe nuestro organismo, vamos a actualizar la valuación de estos emprendimientos para adecuarla a la normativa que aprobó la Legislatura”.

Actualmente, en territorio bonaerense hay 350 barrios cerrados que se encuentran valuados como tierra ‘no country’ por tener incompletos sus trámites; lo que provoca que paguen un impuesto considerablemente menor al de otros 531 emprendimientos que están registrados de manera correcta.

Según estimaciones de ARBA, los barrios cerrados que recibirán las notificaciones pagaban, en conjunto, alrededor de $190 millones anuales. Una vez que se aplique la nueva valuación, abonarán $700 millones mientras se los considere ‘en desarrollo’ y cuando estén terminados el tributo proyectado será de $1780 millones.